Citan a declarar a exdirectivos de YPF y funcionarios de gobierno por contaminar un acuífero clave de Luján de Cuyo

Hubo contaminación, las consecuencias fueron graves y, aunque se sabía, se demoraron en reaccionar. Por eso ahora, luego de tres décadas, comienza el proceso para hallar responsables. La Justicia citó a declarar a ex funcionarios del Departamento General de Irrigación y a exdirectivos de YPF para que den explicaciones por la contaminación en el acuífero que rodea a la refinería de Luján de Cuyo y, sobre todo, por la demora que tuvieron en tomar medidas para sanear el problema.

La decisión judicial responde a una investigación de largo aliento para determinar responsabilidades por ese hecho y es una especie de salida intermedia: originalmente se había pedido imputar a los responsables, pero se decidió por la “declaración informativa”, que es una instancia en la que se convoca a las personas involucradas para que tengan vista y derecho a defensa,  mientras se profundiza la investigación.

Pero además, se enviaron oficios a todos los organismos que deben responder por el tema; desde irrigación y Fiscalía de Estado, hasta el despacho del ministro de Ambiente, Juan Cabandié y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

Los citados a dar explicaciones son tres de los últimos superintendentes de Irrigación. El primero en la lista es Lucio Duarte, que estaba a cargo cuando se detectó el problema en primera instancia, durante la gobernación de Roberto Iglesias. Luego Eduardo Frigerio, que fue nombrado por Celso Jaque y debió renunciar por los escándalos relacionados con las concesiones de agua de pozo. El tercer exfuncionario citado es José Luis Álvarez, que fue el peronista en conducir Irrigación. Quedó afuera de esa instancia, al menos por ahora, el actual superintendente, Sergio Marinelli. En el mismo plano fueron citados todo los directores de la Refinería de Luján, en su mayoría cuando la YPF era propiedad de la española Repsol. Abraham Zarzur, Jorge Augusto Ciacciarelli, Daniel Oscar Palomenque, Ricardo Buyatti y Felix Julio Neme son los ex directivos de la petrolera que deberán declarar.

El hecho

La contaminación está comprobada, la afectación a la producción y también y se investiga si hubo o no otras consecuencias. Pero nunca, hasta ahora, se había apuntado a las responsabilidades penales por haber afectado un recurso natural. El acuífero de la subcuenca El Carrizal, en la margen derecha del Río Mendoza, tiene una zona contaminada con sustancias usadas en la producción de combustibles en la refinería. Hay una “mancha” subterránea de 3 kilómetros donde el agua tiene BTEX (principalmente benceno) y otra de 8 kilómetros que tiene MTBE, una sustancia incorporada en las naftas para reemplazar al plomo pero que generó un fuerte impacto en el agua subterránea.

Los primeros indicios se conocieron en 1994, pero los informes se mantuvieron en reserva. En el año 2000 el DGI lo confirmó y desde entonces hubo un largo proceso donde la burocracia fue más lenta que el avance de las sustancias que contaminaron el agua. “La inacción administrativa por parte de las máximas autoridades del DGI a los fines de concretar los objetivos de remediación que el “convenio CILC” (acuerdo para remediar) establecía, y que se prolongó por más de siete años, posibilitó el consecuente incremento y extensión del daño ambiental del acuífero, lo cual era ampliamente conocido por dichas autoridades”, explica el informe del fiscal Juan Ticheli, que responde al pedido original de Laura Rouselle, la jefa de la fiscalía de delitos no especializados.  La misma dilación es atribuida a YPF. “Surge que la empresa YPF además de realizar los vertidos con sustancias altamente tóxicas … existió una demora también comprobada para iniciar y concluir de forma efectiva los trabajos y obras necesarias para extraer las sustancias tóxicas hallada en las zonas núcleo, producto de lo cual, tales compuestos pudieron transportarse a zonas antes no afectadas”, explica el escrito. Incluso explican que aunque la petrolera presentó algunas notas, no tuvo los buenos oficios necesarios para agilizar la tramitación y la efectiva realización del plan para descontaminar el acuífero. 

EL ÁREA IMPACTADA CON MTBE.

En concreto, la acusación es por haber contaminado y haber permitido que el impacto fuera mayor. En concreto por haber violado la ley de residuos peligrosos. La causa tuvo un recorrido intrincado. De hecho fue dos veces archivada pro jueces de instrucción y ahora, con nuevas pruebas, otras causas conexas y hasta con un sistema penal distinto avanza. Con los elementos de prueba recogidos la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados  había sugerido imputar a los nombrados. Como hay funcionarios involucrados, hubo que pedir “sugerencias” de las autoridades del Ministerio Público Fiscal. La respuesta fue el pedido de “Declaración informativa”. Ahora la Justicia debe ubicar a los citados, ponerle fecha y ponerle fecha a la declaración. Desde YPF dijeron que no iba a haber comunicación oficial, pues consideran que es un movimiento más dentro del expediente y que se van a respetar los pedidos que haga la justicia.

Las dudas

Los primeros indicios se conocieron en septiembre de 1994. Allí el CRAS (dependiente del INA) advirtió sobre lo que pasaba y dos años después se profundizó la sospecha: el manejo de hidrocarburos en la refinería contaminaba el agua subterránea. Irrigación detectó trazas de contaminación con hidrocarburos. Desde entonces hubo informes, documentos, y, sobre todo, dilaciones para llegar a un plan de remediación.

Para tratar de sanear el problema se construyeron barreras hidráulicas que captan el agua contaminada. Pero los plazos previstos no se cumplieron

“Se encuentra comprobado que, pese a la gravedad de tal situación, los Superintendentes del Departamento General de Irrigación, Lucio Duarte, Eduardo Frigerio y José Luis Álvarez, no obstante conocer cabalmente la situación del acuífero en sus respectivos periodos de gestión, omitieron dar el impulso administrativo necesario y realizar el control pertinente”, explica el escrito.  La demora no fue inocua.  Para la justicia, dicha inactividad generó “el retardo en la extracción de las sustancias contaminantes presentes en el acuífero subterráneo y el consecuente avance de las plumas de contaminación a zonas previamente no afectadas, infringiendo de ese modo la posición de garantes del dominio público hidráulico provincial”. Actualmente funciona la planta Fambén, donde a través de un complejo proceso se extrae el agua, se descontamina y se reinyecta. El resultado de ese proceso está en estudio, pero si funciona recién en 2032 terminaría. 

LA PLANTA EN LA QUE YPF EXTRAE EL AGUA, LA LIMPIA Y LA REINYECTA AL ACUÍFERO.

Ese avance de las sustancias tóxicas se dio hacia el Sureste y Este del foco original, “afectando áreas originariamente libres de contaminación, (zona de los pozos 1001 y 906) muy próximas al Barrio Costa Flores, el cual se abastece para el consumo de agua domiciliaria mediante dos pozos ( N° 6/996 y 6/1806)”, agregan. Justamente en otras cuatro causas se investiga si hay alguna relación causal entre la contaminación del acuífero y los problemas de salud de algunos pobladores. En el escrito se recuerda que se investiga a esos focos “como presunta causa del daño a la salud de algunos habitantes de dicho asentamiento poblacional y la muerte de un niño”. Lo mismo con la posibilidad de que haya algún foco de contaminación activa.

La "declaración informativa" a la que fueron citados todos está contemplada en el Código Procesal Penal y apunta a dejar bajo la orbita investigativa a quienes consideran posibles responsables de un delito, pero aún no los imputan. 

Fuente MDZ