Omar Parisi y Roberto Righi fueron sobreseídos en la causa por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas relacionada con la cooperativa Tupac Amaru. La resolución judicial que favoreció al actual intendente de Lavalle y al ex intendente de Luján y ex director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) alcanzó a otros ex funcionarios peronistas, de la provincia y de la Nación.

La jueza Eleonora Arenas, titular del Primer Juzgado Penal Colegiado fue quien dictó el sobreseimiento de todos los ex funcionarios que estaban imputados por fraude en perjuicio de la administración pública por la construcción de viviendas en Lavalle.

El fiscal Flavio D'Amore solicitó el sobreseimiento entendiendo que nunca se demostró la participación necesaria de los acusados. Lo mismo había pedido en abril el fiscal adjunto, Gonzalo Nazar, a lo que adhirió el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi. Fue porque no hallaron ninguna relación entre las imputaciones, que había realizado la fiscal Gabriela Chaves y las pruebas.

Nazar y Capizzi firmaron la documentación el 12 de abril a instancias de las conclusiones del fiscal Flavio D'Amore, quien se ocupó de dilucidar si las sospechas de la fiscal Gabriela Chaves sobre Righi y los demás tenían o no fundamentos. A fines de marzo, D'Amore advirtió a sus superiores, en la etapa de consulta que prevé la ley, de que los imputados debían ser sobreseídos. Es que transcurrió un tiempo prudencial y no se incorporaron pruebas concretas a la pesquisa, justificaron Nazar y Capizzi la decisión de impulsar el sobreseimiento de los imputados.

Los otros sobreseídos son otros ex directores del IPV -Manuel Moreno, Carmelo Simó y Jorge Pérez- más David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi, que se desempeñaban en el Ministerio de Desarrollo de la Nación y José Blanco, de la Municiplidad de Lavalle.

Cuando se produjo la imputación por parte de la fiscal Chaves hubo mucha polémica, en 2019, ya que esto ocurrió apenas unos días antes de las elecciones PASO por lo que los implicados consideraron el hecho como político y acusaron a la magistrada de tratar de desacreditar a Righi, quien finalmente fue reelecto como intendente de Lavalle.

Chaves había entendido que se aprobaron certificados por obras inexistentes o mal realizadas.

No obstante este sobreseimiento la causa sigue contra integrantes de la Tupac Amaru, que siguen siendo investigados.

Hasta ahora la única condenada es Lourdes Oviedo, quien admitió su participación en los hechos en los que estaba acusada y le dieron un año y tres meses de prisión. Esta mujer era sindicada por algunos como la mano derecha de Nélida Rojas, la referente de la Tupac Amaru en Mendoza.

A todo esto, en agosto pasado, el intendente de Lavalle, Roberto Righi, anunció que toda la documentación presentada ante el programa nacional Reconstruir fue aprobada, lo que permitirá concluir las 250 casas del barrio Tupac Amaru en el departamento. Esta obra implica un monto total de inversión de $1.070 millones, con un plazo de ejecución de 12 meses. Fuente Diario Uno