El diputado nacional Sebastián Bragagnolo compartió en redes sociales su participación del tratamiento en comisión del Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, el cual institucionaliza condiciones jurídicas estratégicas que fomentan la inversión recíproca y aumentan la previsibilidad necesaria para atraer inversores extra-regionales.

En línea con la importancia que la Argentina le asigna a las relaciones entre los países que integran el Mercosur y con el objetivo de impulsar las inversiones entre los miembros del bloque, los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Parte firmaron en Buenos Aires, a comienzos de abril, el denominado Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur (PCFI).

La conclusión del Protocolo mencionado, alcanzada en el marco de la Presidencia Pro Tempore argentina, refleja la voluntad del Mercosur por revitalizar su agenda económica y comercial a partir de una visión renovada del proceso de integración del bloque con una fuerte orientación hacia el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de los países que lo integran.

El PCFI dedica una extensa sección a la facilitación de la inversión, al tiempo que  consagra compromisos de transparencia e intercambio tanto de información sobre oportunidades de negocios, procedimientos y requisitos, como de cooperación entre los organismos estatales con competencia en promoción de inversiones.

El instrumento pretende establecer un equilibrio óptimo entre las obligaciones y derechos del inversor y el derecho de los Estados a regular sobre políticas públicas relativas a cuestiones como ambiente, asuntos laborales, salud y seguridad.

Uno de los mecanismos institucionales y canales de diálogo y cooperación previstos por el Protocolo se focaliza específicamente la prevención de conflictos. A tal fin, establece la figura del Punto Focal Nacional u "Ombudsman”, cuyas principales responsabilidades consisten en brindar apoyo a los inversionistas extranjeros en el nivel local.

Las disposiciones en materia de prevención de conflictos se complementan con un procedimiento que privilegia la solución de controversias entre los Estados a través de la Comisión Administradora del Protocolo. Este novedoso esquema de prevención y solución de diferencias refleja el grado de compromiso de los Estados Parte en la consolidación de un marco jurídico que propicie un aumento significativo de las inversiones intra-regionales.