En los próximos días el gobernador avanzaría con la Reforma de la Constitución, cuyos primeros indicios dio en la campaña de 2019 y ratificó este 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias. Allí, Rodolfo Suarez, propondrá un sistema legislativo unicameral y la eliminación de las elecciones de medio término, iniciativas que generan dudas incluso dentro del oficialismo.

En tanto, desde el Partido Demócrata de Mendoza (PD), su flamante nuevo presidente provincial, el lujanino Roberto Ajo, emitió un comunicado sentando la postura del centenario partido Mendocino.

A continuación, el comunicado:

NO A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Los demócratas mendocinos hacemos pública nuestra oposición a la reforma de la Constitución de nuestra provincia. Las modificaciones que pretende llevar adelante el gobierno provincial no remediarán los males que pretende curar: no se reducirá el costo de la política ni se afianzará la forma republicana de gobierno. Al contrario, los vicios que quiere erradicar se verán agravados. Tales vicios pueden ser eliminados o disminuidos en forma inmediata por medio de la sanción de leyes sin necesidad de recurrir al costoso y demoroso mecanismo de la reforma constitucional.

Adelantamos desde ya que nuestro partido propondrá una batería de leyes, algunas de los cuales ya obran en la Legislatura, tendientes a disminuir drásticamente el costo del funcionamiento de los organismos representativos de la voluntad popular: Legislatura y concejos deliberantes, como también a dar mayor transparencia al ejercicio de la función pública, disminuir la discrecionalidad, respetar el principio de la división de poderes y dotar de independencia y mayor eficiencia a los organismos de control. Para asegurar estos cambios presentaremos, además, un proyecto de enmienda de un solo artículo de la Constitución. Este mecanismo no necesita llamar a una dispendiosa Constituyente y es el que ha utilizado para mantenerse actualizada por cerca de 250 años la democracia republicana más antigua del mundo.

Mendoza y Santa Fe son las dos provincias que más se destacan por la calidad de sus instituciones. La razón es muy simple: son las únicas que han conservado la prohibición de reelección del gobernador. La causa de que tanto en la Constitución Nacional del 53/60 como en las provinciales que le siguieron fuera vedada la reelección del presidente y de los gobernadores consistió en evitar el retorno del caudillismo populista y de la concentración del poder. Hacía finales del siglo pasado por la ambición de poder de los mandamases de turno, comenzaron las provincias a permitir la reelección, primero con la excusa de que era por un solo período, pero luego los mismos caudillos impulsaron y muchos lograron la reelección indefinida. Veamos como ejemplo lo que pasó en San Luis, Santa Cruz y el caso más emblemático: Formosa. No queremos abrir la puerta para que en Mendoza suceda lo mismo.

La unicameralidad que se propone también es un desacierto por sus notas antidemocráticas y antirepublicanas. Uno de los grandes frenos a la concentración y abuso del poder es la bicameralidad. En las provincias que tienen unicameralidad lo frecuente es que el gobernador tenga un total dominio sobre esa única cámara. La experiencia política argentina muestra que la unicameralidad debilita en forma aguda a la representación de las minorías y hay casos donde éstas se han quedado sin ninguna banca. Por otra parte, el doble control que supone la existencia de dos cámaras legislativas en el proceso de formación y sanción de las leyes es de extremo valor y utilidad. Cuántos proyectos inadecuados se han sancionado en una Cámara en momentos de turbulencias y alta emotividad para luego, vuelta la serenidad, ser rechazados o no tratados por la otra!

El argumento de que la unicameralidad reduce el costo de la política es inconsistente. Lo que demuestra la experiencia constitucional argentina es lo contrario. El caso de Tucumán es ejemplificativo. La eliminación de la bicameralidad y por lo tanto del número de legisladores no redujo sino que duplicó el costo del funcionamiento del poder legislativo tucumano. Los legisladores eran pocos, sí, pero se dotaron de dietas astronómicas, de ejércitos de personal y de ingentes recursos para distribuir discrecionalmente y sin control convirtiéndose en verdaderos señores feudales. El problema no es el número de legisladores sino sus sueldos, el número de personal que tienen los legisladores y las plantas de personal permanente y transitorio de las cámaras como también los recursos que se autoasignan para gastar.

Estos factores que aumentan desmesuradamente el gasto legislativo se pueden enmendar desde ya, en forma inmediata, mediante la sanción de proyectos de leyes adecuadas –sin necesidad de una reforma constitucional-, alguno de las cuales ya han sido presentados por el Partido Demócrata. La falta aprobación de los mismos permite sospechar y presumir que se trata solamente de tirar la pelota para adelante dando la impresión de que se pretende bajar los gastos de la política pero que lo que se quiere en realidad es que todo quede como está.

La eliminación de las elecciones de término medio es otro error. No hay disminución del gasto porque cada dos años va a seguir llamándose a elecciones al menos de diputados nacionales, las elecciones legislativas de término medio persiguen evitar que un presidente o un gobernador, favorecido con un resultado electoral altamente favorable por factores circunstanciales, obtenga un parlamento adicto con una mayoría abrumadora y minorías debilitadas. En cambio, el ejecutivo provincial podría reglamentar la ley para aplicar el sistema de Boleta única, con esto se beneficiaría a la economía provincial por la reducción en la emisión de boletas.

Es una pena, en un momento donde desde otras provincias o desde otros puntos del mundo se mira a Mendoza por su mejor calidad institucional como uno de los pocos lugares donde se puede invertir en la Argentina, se insista en reformas que, en caso de ser aprobadas, significarán un retroceso significativo en la jerarquía y nivel de nuestras normas constitucionales aumentando la concentración del poder, debilitando las minorías y consecuentemente perjudicando a la democracia y la república.

COMITÉ CENTRAL

ROBERTO AJO
PRESIDENTE
PARTIDO DEMÓCRATA DE MENDOZA