Fue anunciado un nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció esta tarde un nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno. González García aseguró que se trata de una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud".

"Confío en que la mayoría de las provincias se adhieran", agregó el ministro, que indicó que se trata de un protocolo "técnico y sistematizado". También dijo: "La objeción de conciencia no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley".

Sobre el espíritu de la resolución que saldrá publicada este viernes en el Boletín Oficial, explicó: "Queremos que sirva como una guía de procedimiento que le de respaldo a los profesionales de cualquier parte del país". Y sobre su cumplimiento, consideró: "Mucho depende de que se adhieran las provincias. Confío en que lo harán. Hay muchas que ya están adheridas, pero lamentablemente algunas grandes no lo hicieron" 

Antes de asumir al frente de la cartera, el flamante ministro había anunciado que una de sus primeras medidas sería la de rever el "mamarracho político" del Gobierno anterior, que reglamentó y anuló la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en cuestión de horas. 

Sobre el final del mandato de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, entonces Secretario de Salud, había oficializado un protocolo de actuación que finalmente fuera revocado por orden del ex presidente Mauricio Macri, quien al desautorizarlo se refirió a la "decisión unilateral" que había tomado el funcionario.

Ginés González García dijo que el protocolo que inaugurará su gestión tendrá pequeñas modificaciones respecto al que había publicado Rubinstein. "Describe la situación del aborto en la Argentina y en el mundo. Hace una evaluación médica de cómo proceder. Es bien técnico y sistematizado", explicó.

El ministro sostuvo que este protocolo "es un poquito más flexible sobre cómo se aplica la objeción de conciencia". Y amplió sobre ese punto: "La objeción de conciencia no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla la ley".

"La ley respeta la objeción pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que se dice la ley", precisó. Y completó: "Lo que nosotros no queremos es que esto se convierta en un combate. No es un combate ni un búsqueda de votos ni una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley". 

Cuando le consultaron si está en agenda la posibilidad de reflotar un proyecto de ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito, explicó: "Antes de intentar lograr nuevas leyes, vamos a impulsar que se empiecen a cumplir las vigentes, como la de la educación sexual integral". "El debate que se desarrolló sobre el aborto legal terminó en un combate sin sentido", dijo, sobre el proyecto que se aprobó en Diputados en 2018 pero no tuvo consenso en el Senado. 

Al momento de las preguntas, tomó la palabra Mariana Romero, directora Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y brindó algunos detalles más: "La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS. Los equipos de salud vamos a tener que trabajar como venimos haciéndolo. Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica".

En relación a lo que sucede en casos de violación, la doctora expresó: "La violación es un delito de instancia privada. La persecución de ese delito va a depender de que esa mujer decida o no hacer la denuncia. No significa que la interrupción del embarazo a la que la mujer tiene derecho, sufra algún tipo de dilación o demora porque ella está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia".

Fuente Telam / Infobae