El fallo es en base a la trágica muerte de un operario que trabajaba para una empresa contratista de Edemsa el cual recibió una descarga eléctrica en noviembre del 2016.
Provinciales 08/12/2021 Medios
El fallo es en base a la trágica muerte de Pablo Cobos (24), un operario que trabajaba para una empresa contratista de Edemsa y quien recibió una descarga eléctrica en la tarde del 16 de noviembre del 2016. En ese hecho, y producto de la misma descarga eléctrica, murió también otro operario, identificado como Víctor Ramos (18) -esa muerte no se trató en esta demanda-.
Según los hechos investigadores, tanto Cobos como Ramos trabajaban para Alineart S.A., una empresa que prestaba servicios para Edemsa. Ese día ambos operarios habían sido destinados a trabajos de mantenimiento en las líneas de tensión y aisladores de media tensión, en la zona de calle Brandsen, entre Servidumbre y Cipoletti, en Agrelo, Luján de Cuyo.
Cerca de las 12.45, ambos operarios sufrieron una descarga eléctrica que les provocó la muerte en cuestión de minutos.
Desde ese entonces, varios familiares de Cobos iniciaron acciones legales contra Edemsa. Entre ellos estuvieron dos parejas que tuvo la víctima fatal a lo largo de su vida, el novio de una de estas y tres niños, uno de ellos hijo del hombre fallecido.
Esto porque Cobos se había separado de la madre de sus hijos y estos quedaron al cuidado de la nueva pareja de la mujer, señalaron fuentes judiciales.
Lo cierto es que los investigadores analizaron el hecho y determinaron que las pericias mostraban "evidencia de forma irrefutable que las medidas de seguridad que debieron haberse tomado fueron incompletas e insuficientes para evitar la muerte de estas dos personas".
En base a esto, agregaron que fueron "incompletas porque no se tuvo el control de las líneas de baja tensión e Insuficientes porque no existe evidencia suficiente que permita afirmar que las ‘puestas a tierra' estaban colocadas en forma correcta, ni que fueran las que en cantidad necesaria resultaban apropiadas para el trabajo que se había encomendado a la empresa Alineart".
En tanto que para los pesquisas "tampoco se acreditó la homologación de los aparatos de medición con los que debió haberse realizado la misma".
Asimismo, el tribunal ordenó una indemnización por daños y perjuicios de $11.400.000, que se repartirá entre los seis damnificados. Fuente Sitio Andino
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